La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF) será una institución independiente garantizada por ley que velará por el cumplimiento de las reglas y la definición de rigurosas políticas fiscales, lo que reforzará la credibilidad de las medidas adoptadas y asegurará la sostenibilidad de las finanzas públicas, Así lo dijo ayer, en Santander, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, quien subrayó que con su creación se da un paso más en la política de consolidación fiscal.
Bajo el título “Un reto para la economía española: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal”, el curso, organizado por el Instituto de Estudios Fiscales junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, realizará durante tres días un análisis exhaustivo del
anteproyecto de Ley Orgánica que desarrolla la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobado por el Gobierno el pasado mes de junio.
En su intervención, Fernández Currás recordó que la política económica del Gobierno se basa en dos pilares fundamentales, consolidación fiscal y reformas estructurales, e hizo un repaso al proceso que ha llevado en Europa al establecimiento de instituciones independientes que velen por la disciplina fiscal, señalando las características básicas con las que deben contar para conseguir de manera efectiva sus objetivos y describiendo cómo se ha configurado esta nueva institución en España.
Consolidación fiscal
Así, afirmó que la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es un paso adelante más en la consolidación de la política fiscal y que se convertirá en un “intérprete” para los ciudadanos acerca de la información económico-financiera de todas las administraciones públicas españolas, reforzando no sólo el compromiso de España con la estabilidad presupuestaria, sino también las exigencias de coordinación y definición del marco de estabilidad común de la Unión Europea. De hecho -significó- España ha sido uno de los primeros países en incorporar las disposiciones de la nueva normativa europea en materia fiscal en un texto de máximo rango legal.
Recordó que España, junto con la adopción de las necesarias medidas para reducir el déficit público, ha reformado su marco presupuestario,tomando como referencia los cambios de la Unión Europea en su sistema de gobernanza económica, fortaleciendo los mecanismos de coordinación, supervisión y vigilancia de las políticas presupuestarias y macroeconómicas.
En este sentido, señaló que “en un entorno económico tremendamente desfavorable, con una disminución del PIB de -1,4% durante el ejercicio 012, el déficit en términos de contabilidad nacional, sin tener en cuenta las ayudas al sistema financiero, se ha reducido en 2 puntos de PIB, desde el 9 % hasta el 7%. Y lo que es más importante, todas las Administraciones territoriales han participado en esta reducción”, indicó la Secretaria de Estado, quien además resaltó que el esfuerzo total realizado ha ascendido a 40.000 millones de euros, de los cuales cerca de 30.000 millones han correspondido a una reducción de gastos en las administraciones públicas sin precedentes y algo más de 10.000 millones han correspondido a un esfuerzo adicional pedido a la sociedad mediante la adopción de medidas tributarias.
Independencia
La secretaria de Estado recordó también que el Proyecto de Ley Orgánica para la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha sido sometido a las observaciones de las instituciones nacionales e internacionales, así como al dictamen del Consejo de Estado. Hizo especial hincapié en la independencia de esta Autoridad, garantizada mediante numerosas disposiciones en la propia ley. Destacó que ni el presidente (cargo que deberá ser aceptado por las Cortes Generales e incompatible con cualquier otra actividad), ni el personal de la entidad podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada y que su adscripción al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas es meramente formal.
Además, explicó que la fuente principal de financiación será una tasa que habrá de ser satisfecha por las Administraciones Públicas sometidas a supervisión, que fortalecerá la autonomía e independencia del ente. Entre sus principales funciones estará evaluación de las previsiones macroeconómicas del Gobierno que sirven de base para el proceso presupuestario y el seguimiento del cumplimiento de las reglas fiscales.
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