El secretario de Estado y Seguridad Social, Tomás Burgos, afirmó hoy en el Congreso de los Diputados que el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, relativa a cotizaciones, sobre los trabajadores con contrato a tiempo parcial incrementará la presión sobre el gasto de la Seguridad Social en un momento particularmente difícil para el sistema.
Tomás Burgos, que compareció esta mañana en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de la Cámara Baja, realizó una valoración económica de lo que supondrá a las arcas de la Seguridad Social el dictamen del Tribunal Constitucional y presentó un balance del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Hay que recordar que el fallo de este Tribunal (STC 61/2013, publicada el 10 de abril en el BOE) declaró nulo el método que actualmente es empleado para calcular las cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial, aumentando con ello el número de pensiones a reconocer. Dicho método establece textualmente lo siguiente, conforme al tenor introducido por el Real Decreto-ley 15/1998:
«a) Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y maternidad, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización.»
A continuación, el segundo inciso de esta misma letra a) añade lo siguiente:
«A tal fin, el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales.»
Finalmente, la letra b) de esta regla 2 establece lo siguiente en lo referente a las cotizaciones:
«Para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días teóricos de cotización obtenidos conforme a lo dispuesto en la letra a) de esta regla se le aplicará el coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización. En ningún caso podrá computarse un número de días cotizados superior al que correspondería de haberse realizado la prestación de servicios a tiempo completo.»
La sentencia dicta, textualmente:
“Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en su virtud, declarar inconstitucional y nula la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley general de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre.” (Puedes ver la sentencia completa aquí).
Según añadió Tomás Burgos, las reclamaciones de pensiones no concedidas en los años anteriores supondrían un gasto no inferior a los 1.500 millones de euros. Mientras el número de nuevas pensiones a reconocer anualmente se traduciría en un aumento de gasto anual próximo a los 100 millones de euros, cifra que es acumulativa en el tiempo con las nuevas altas que se produzcan cada año. En suma, dada la nulidad de la actual fórmula de cálculo de las cotizaciones para los contratos a tiempo parcial, el sistema llegaría a tener un aumento de gasto anual del orden de 1.900 millones de euros. “No hay lugar a dudas del potente impacto económico sobre el sistema que supone esta sentencia”, sostuvo Burgos.
PROCESO DE DIÁLOGO SOCIAL ANTE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE COTIZACIONES DE CONTRATOS DE TIEMPO PARCIAL
La preocupación del Ejecutivo ha llevado, según informó Burgos, a abrir un proceso de diálogo social y político para acordar una solución a este asunto, que “adecuando los niveles de protección del tiempo parcial no incluya despropósitos que terminen por desajustar completamente el sistema”, abriendo nuevas discriminaciones y dejando en nada los principios de contributividad y equidad básicos para un sistema como el nuestro.
El acuerdo entre Gobierno y agentes políticos y sociales debería permitir, además, dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional; dotar de mayores niveles de sostenibilidad y viabilidad al sistema de prestaciones económicas; y evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como la desincentivación de la cotización al Sistema de la Seguridad Social.
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