Mariano Rajoy presentó ayer un documento sobre la administraciones públicas que, afirmó, tendrá una importancia capital en el proceso de modernización iniciado por el Gobierno. Se trata del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), «fruto de la radiografía más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público en toda nuestra democracia».
El documento, que puede ser muy útil al Gobierno y a las Comunidades Autónomas para una puesta a punto de las administraciones públicas, incluye 217 medidas que, según el presidente, han sido definidas para «reducir gastos en aras de una mayor eficiencia de la administración pública, simplificar trámites, suprimir órganos o entidades innecesarias, agilizar procedimientos y mejorar la gestión de los medios públicos».
El primer beneficiario de las reformas de las administraciones públicas es el ciudadano, ha subrayado el presidente, pues habrá «menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas. A cambio, más agilidad y más facilidades y, por supuesto, menos costes y más ahorro».
Rajoy ha asegurado que España tiene unas buenas administraciones públicas, pero en el desarrollo de su tarea y con el paso del tiempo «han aflorado ineficiencias perfectamente evitables y redundancias competenciales entre las distintas administraciones públicas» que esta reforma va a tratar de eliminar.
Cuatro ejes de actuación
En su exposición, el presidente ha apuntado la necesidad de acabar con un mito muy extendido a propósito del verdadero tamaño de las administraciones públicas españolas. Para ello, ha afirmado que «España se sitúa entre los países de la Eurozona con menor gasto público en porcentaje de PIB: un 43,3%, frente al 49,7% de la media de la zona euro».
Además, profundizando en la estructura de este gasto, dos tercios van destinados a gasto social y servicios públicos básicos (educación, sanidad, seguridad, etc.) y sólo un tercio a servicios administrativos. El problema radica, ha explicado, en «el desplome brutal que han sufrido los ingresos públicos a consecuencia de la crisis económica».
Para afrontar esta situación, el informe hoy presentado plantea una reforma de las administraciones públicas a partir de cuatro premisas esenciales que, según ha explicado Rajoy, son: racionalizar el gasto, atender a la demanda ciudadana, realizar un análisis profundo y sostenido en el tiempo y, por último, poner en práctica un compromiso político para mantener el impulso de la reforma.
En la consecución de esta tarea el presidente ha valorado la implicación de las administraciones públicas de carácter autonómica y local: «Trabajando hombro con hombro hemos remado juntos en la misma dirección y hemos enviado un mensaje positivo de unidad y responsabilidad al exterior». La mayor parte de las comunidades, ha dicho, han cumplido con el objetivo de déficit y el objetivo del 0,3% estipulado para las entidades locales «se ha cumplido con creces».
Mejor gestión de los recursos
El informe de la CORA, en la que han participado representantes de las instituciones, los agentes sociales y la sociedad civil, eleva propuestas destinadas a eliminar duplicidades y reforzar la coordinación entre las administraciones públicas.
La dificultad estriba, ha añadido el presidente, en que el ahorro «no va a provenir de la supresión de prestaciones o servicios necesarios para los ciudadanos, ni de un aumento de los ingresos públicos, sino de mejoras de gestión».
Ha puesto el ejemplo del denominado «presupuesto de base cero»: los gastos en bienes y servicios de los ministerios se estimarán anualmente en función de las necesidades reales, no a partir de lo gastado el año anterior. En el caso de las comunidades autónomas, se les propondrá, si así lo desean, «prescindir de sus agencias de meteorología, de sus órganos de defensa de la competencia, de sus agencias de energía» y que esos servicios los preste el Estado sin coste adicional para sus ciudadanos.
También ha destacado la implantación de la historia clínica digital accesible desde cualquier punto de España para que «la sanidad siga al ciudadano y no que el ciudadano persiga a la sanidad», y ha puesto el acento en la mejora de la administración electrónica. A este respecto ha aportado el dato de que una notificación postal cuesta 2,55 euros y una electrónica, 0,19.
Colaboración entre administraciones públicas
El presidente del Gobierno ha concluido recordando que este documento es una propuesta a la que le gustaría que se sumaran todos: «Aquí no hay ideología, aquí hay un intento de ser más eficaces, que es nuestra obligación».
Con este objetivo, ha señalado que la administración central asume lo que dice el documento y actuará en consecuencia a partir del próximo Consejo de Ministros. Entre las medidas que se van a poner ya en práctica ha citado reformas relativas a la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, la del procedimiento administrativo, la ley de subvenciones, la factura electrónica y la morosidad en las administraciones públicas.
Fuente: La Moncloa, Madrid, miércoles, 19 de junio de 2013
